Sunday, November 27, 2016

Guardaparques del Norte, SocioPáramo y la Crisis del Agua



En el 2006, cuando apenas comenzaba a gobernar el MAS se declaró que una de las primeras tareas del nuevo gobierno sería nacionalizar los Parques Nacionales[1] .  Los que trabajábamos en el rubro nos sorprendimos ya que al tratarse de áreas protegidas nacionales (fuesen Parques, Reservas o AMNIs – Área Natural de Manejo Integrado) ya pertenecían a todos los bolivianos.  Sin embargo, esto resultó ser parte de un paradigma, que tiene en el vice-presidente García Linera el proponente más reiterativo, donde las áreas protegidas serían un concepto del Norte, para beneficio del Norte y sin un valor tangible para los bolivianos.  Por ende, en reiteradas ocasiones se ha repetido que no debemos ser guardaparques del Norte[2] ya que seguiríamos siendo pobres[3], una óptica que llevada a la práctica ha dejado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) muy debilitado, y con su desarrollo bloqueado a partir del 2006. 

Ahora nos toca revisitar este paradigma oficial, considerando la sequía que sufrimos no solo en Bolivia sino también en Perú y muchos países, especialmente del sur de África, y la escasez de agua, súbita y aguda, que se está sintiendo. Esta escasez habría sido sorpresiva a nivel oficial, a pesar que desde años atrás se tiene amplia evidencia de que el cambio climático está haciendo desaparecer los glaciares[4], principal fuente de agua en ciudades alto andinos. Y a pesar de haber informes de presas con bajos niveles en diferentes regiones del país aún en la época de lluvia[5] del año pasado.

Desde 1990 hasta el 2005 el SNAP creció esencialmente de cero hasta contar con 22 áreas protegidas (AP) para una extensión de 182.716 km2.  Infelizmente desde el 2005 el sistema nacional no ha aumentado un milímetro, aunque a nivel departamental y municipal, y principalmente en tierras bajas, se han agregado nuevas áreas bajo un manejo especial, a pedido local, obedeciendo a prioridades locales como el turismo y el mantenimiento del servicio de agua.  En comparación, que yo sepa, no ha habido expansión de áreas de protección de cuencas en todo el alto andino, que es la zona que proveía de agua a varias ciudades importantes de Bolivia.

Para ser claro, en el desarrollo anterior del SNAP se había dado mucha prioridad al tema de biodiversidad y bosques en buenos estados de conservación, y ninguna prioridad a zonas de cuencas altas estratégicas para la población humana.  Es decir, el sistema actual protege zonas de páramo en excelente estado, pero están lejos de las poblaciones y/o en el lado “equivocado” de la Cordillera Oriental, con respecto a la crisis actual.  Además, mientras ha estado muy presente en las discusiones de las últimas semanas la importancia del bosque para generar agua, discusión del rol del páramo ha estado ausente.







Figura 1. Páramo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata.  Recogiendo agua hacia la vertiente oriental de la Cordillera Real.

 Al mismo tiempo, de numerosos gobiernos que aportaban recursos financieros al SNAP antes del gobierno del MAS, ahora queda solo la Unión Europea contribuyendo y en forma precaria.  Esto obedece a muchas razones, pero en suma se debe a que el manejo especial de áreas estratégicas, ya sea para conservar la biodiversidad, o para manejar las cuencas ha sido de última prioridad para este gobierno, supuestamente porque solo beneficia al Imperio.  Es decir, la Cooperación está bienvenida a aportar directamente al TGN, pero solo puede fiscalizar en forma gruesa los gastos en temas de conservación de biodiversidad y/o cuencas.  La UE aporta bajo estas condiciones, en forma controversial, simplemente para que el sistema no desaparezca.

Algunos se acordarán que en junio del 2015 salieron tres Decretos Supremos permitiendo la exploración petrolera en las áreas protegidas[6] y el 25 de noviembre de este año, tres leyes permitiendo exploración y explotación en tres áreas específicas[7]. Esos decretos del 2015 también relativizan los derechos de las comunidades indígenas, que en muchas partes del país tienen una alianza estratégica con las AP para proteger los bosques, o son dueñas de territorios que se sobreponen con las AP.  Estos decretos fueron un indicio más de la implementación del paradigma contrario a la conservación y las áreas protegidas que ya se había evidenciado en la insistencia del Gobierno en construir una carretera por la mitad del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure más conocido como TIPNIS y dos mega represas en la Reserva de Biósfera Pilón Lajas y el Parque Nacional Madidi, más conocido como el parque más biodiverso del mundo. 

Vale agregar que el funcionario al mando del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), un exgobernador de Potosí sin ninguna experiencia en manejo de recursos naturales, es de la opinión que las mega represas en Bala y Chepete son una buena idea ya que podrían significar ingresos para las áreas afectadas[8]. Un mínimo de análisis muestra, poniendo a un lado el gran impacto, que los posibles ingresos recién se producirían de aquí a 15 años y serían un monto claramente menor a lo que se podría percibir de apostar por el turismo, siendo Madidi el Parque más diverso del mundo.  Y esto sin mencionar que hidroeléctricas de menor escala podrían instalarse en otros lugares, con menor impacto, y así se podría tener Bolivia tranquilamente las DOS fuentes de ingresos al mismo tiempo. 

Hace unos días García Linera admitió no haberse bañado por tres días debido a la falta de agua.  Por otro lado, dijo que ha investigado el tema y que no habría relación entre los árboles y el agua ya que Italia tiene muchos menos árboles que Bolivia, pero todos en Italia tienen agua[9].  Si me pongo botas de goma y sigo esa lógica llegamos a la conclusión de que debemos seguir talando para llegar a un nivel de deforestación como Italia, y ahí todos tendríamos agua…  O visto de otra forma, se podría señalar que Bolivia no solo tiene muchos más árboles por habitante que Italia, sino también mucha agua fresca por persona -- en papel -- y que el hecho de que un buen porcentaje de bolivianos estén sin agua fresca tiene que ver más con la [falta de] calidad de manejo, planificación, políticas e implementación de políticas que con el número de árboles.

Irónicamente, en este mismo período Bolivia ha sido muy activo a nivel internacional con el tema de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.  Un estudio reciente, y muy completo, de países amazónicos con respecto a estas políticas tiene unas 13 páginas de análisis para Bolivia[10], 10 para Brasil, y apenas 3 para Ecuador, los muy chambones.  Es decir, si hubiese un campeonato mundial de políticas de cambio climático nos habríamos clasificado directo al mundial y estaríamos peleando las finales.  Infelizmente perderíamos todos los puntos “en mesa”, ya que no se aplican las políticas declaradas en terreno boliviano.  Ahogándonos en papeles, y declaraciones frente al cambio climático nos hemos quedado sin lagos históricos y sin agua potable para muchos.

Ha habido bastante tinta gastada en este tema, “que no sabíamos”, “que no nos han dicho”, que “vamos a enjuiciar a los responsables”.   Pero ¿quién es responsable si es que un Gobierno declara a la madre tierra y al cambio climático como banderas de guerra, pero a nivel de terreno no hace nada, o peor, hace lo opuesto de lo que dice?

Se defienden indicando que se ha invertido más de 1100 millones de dólares en riego y agua potable en los últimos años[11].   Infelizmente eso se puede comparar directamente a una fiesta donde hay una sola coca cola.  La solución del gobierno ha sido salir a comprar 1000 vasos, pero no asegurar más coca colas.  O sea, en algunos vasos va a quedar 1 gota y en otros no tendrán nada.  Si no se intenta aumentar la cantidad de agua disponible, o mínimamente conservar el agua en las cuencas de origen, entonces no importa cuántos sistemas de riego, cañerías y alcantarillados extiendas, no alcanzará el agua.

Existen dos grandes tipos de soluciones a mediano y largo plazo para aumentar el agua disponible en forma sostenible.  1. Obras de ingeniería que traigan agua de lado húmedo de los Andes, como en Misicuni, y  2. Procesos de conservación y recuperación de cuencas altas estratégicas.  Por el contrario, obras que simplemente captan más y más agua de deshielo de los glaciares, si bien proveen agua a “corto plazo”, a mediano plazo también verán sus fuentes agotadas y nos dejarán todavía más colgados.

Sobre la primera opción no tengo mucho que decir.  Yo me imagino que a futuro habrá más obras de esta naturaleza, pero son costosas y demoradas. Por ejemplo, Misicuni ha comenzado el 2009, lleva varios años de retraso y Cochabamba sigue sin suficiente agua[12].  La figura 2 muestra la relación de la Presa Misicuni con el valle de Cochabamba, la vertiente oriental de la cordillera, el páramo que rodea la presa (que genera el agua) y el bosque montano más abajo en la cuenca.
Figura 2.  La presa Misicuni y el Valle de Cochabamba tomada de Google Earth.


En contraste, para la opción 2 tengo dos ejemplos muy concretos de soluciones.  Primero, el Ecuador, que con un  discurso a nivel internacional muy similar al de Bolivia, y a pesar de tener menos volumen de políticas declaradas,  internamente ha tenido acciones totalmente diferentes, congruentes y concretas, implementando desde el 2008 el programa “SocioBosque” y luego el programa “SocioPáramo”.  En resumen, SocioBosque es un programa para propietarios privados y comunidades que pueden demostrar tener bosque natural en sus tierras.  Registras las tierras con el Ministerio del Ambiente, se analizan por satélite, y te registras para que seas pagado para proteger el bosque, si está en buen estado.  Si es bosque secundario degradado, hay otros pagos para recuperar, o para reforestar, si es necesario. Los pagos varían de acuerdo al estado de la tierra.  Tú haces un plan y luego hay desembolsos, en efectivo, de acuerdo a las ejecuciones del plan.

En vista del éxito de SocioBosque, el gobierno ecuatoriano implementó el programa SocioPáramo.  No se usa la palabra páramo tanto en Bolivia (y ha sido ausente del diálogo sobre la crisis del agua), pero en Perú, Ecuador y Colombia se entiende por páramo el ecosistema alto-andino, tropical “esencial” para la regulación hídrica (Figura 3).  En general queda por encima de los límites naturales de los bosques, aunque puede haber bosquecitos en lugares más protegidos.  En su estado natural la vegetación del páramo ayuda a precipitar la humedad de la casi eterna neblina y el ecosistema entero funciona como una esponja maximizando tanto la captación como el almacenamiento del agua, purificándola de paso.  Cuando está degradado, el sistema funciona como un ladrillo, precipita menos agua y escurre inmediatamente, con sedimento, cuenca abajo.
Resultado de imagen de Paramo
Figura 3. Imagen aleatoria de páramo tomada de la internet.

En Bolivia el páramo correspondería a la Puna, pero por alguna razón no le asignamos el mismo valor de regulación hídrica que en otros países, aunque en estado ecológico aceptable, funciona exactamente igual.  Es una lástima porque, aunque no sea bosque es igual de esencial protegerlo, especialmente porque es el ecosistema predominante cuenca arriba de poblaciones como La Paz, el Alto, Oruro, Cochabamba y Potosí.  Infelizmente en muchos casos estas cuencas se parecen, por ahora, más al ladrillo que a la esponja. Y hablando de ladrillos, en Bolivia el páramo es muy asociado con la minería, epecialmente en la Cordillera Oriental.  Esta actividad ha sido, y es, fatal en relación a su capacidad como ecosistema para juntar, almacenar y proveer agua de buena calidad.

En el programa SocioPáramo de Ecuador, si eres propietario o - más comúnmente - si tu comunidad tiene tierras de páramo, el gobierno ecuatoriano te paga para proteger y/o recuperar el páramo que te corresponde y que todos saben (por lo menos en Ecuador) que es esencial para abastecer a la gran población del valle central de agua potable año redondo. Es decir, el gobierno paga a las comunidades por asegurar un servicio ambiental: la provisión de agua.  Hay que aclarar que con la caída del precio del petróleo los pagos a SocioBosque y SocioPáramo se han frenado.  Sin embargo, aunque Correa termina su última gestión en enero, hay intenciones de la Cooperación Internacional de apoyar esta iniciativa y tiene buenas perspectivas de continuar.
Ahora, en Bolivia hay un problema, ya que en el paradigma del Gobierno no se debe pagar a la gente o a comunidades por los servicios ambientales, ya que esto sería “mercantilizar a la Madre Tierra.”  O sea, en esta ideología no hay problema con pagar a los choferes para traer camiones cisternas desde el Beni para repartir agua en La Paz, pero no sería correcto pagar a comunidades para compensar el costo de recuperar y conservar sus áreas de páramo, para asegurar aguas en los embalses en forma permanente.  En términos bolivianos, está bien ideológicamente pagar a Juancito Pinto para que estudie, pero no se debe pagar a su comunidad por prestar un servicio ambiental para beneficio de la sociedad en general.
El otro ejemplo concreto que tengo es el PN y ANMI Cotapata (Figura 1).  Allá por el 2004 coordinamos la elaboración del plan de manejo del área y entre las comunidades que participaron estaba Chuquiaguillo (un pueblo aledaño a La Paz en cuyas tierras está la presa Incachaca, que hasta hace poco abastecía de agua a La Paz y que ahora es lodo rajado).  Si bien el área protegida comenzaba (y sigue comenzando) con la divisoria de aguas, Chuquiaguillo participó como área de influencia. En otras palabras, el límite del AP justo termina donde comienza la cuenca que abastece de agua a La Paz (tanto para la presa Incachaca como la de Misicuni).  El AP protege la cuenca que drena hacia Coroico, Caranavi, Zongo y el Amazonas, pero no hacia La Paz.
La comunidad de Chuquiaguillo propuso que los límites del AP (bajo categoría de ANMI) se extiendan para incluir las tierras altas de su comunidad.  Su interés era fomentar el turismo, pero más que todo, asegurar el agua.  Porque a pesar de que las tierras de la comunidad drenan hacia la presa de Incachaca y en años normales provee de agua a la ciudad, la comunidad misma tenía ya problemas de agua.  La propuesta de ampliación fue discutida en forma participativa, aceptada, priorizada y quedó como tema importante del Plan de Manejo (Figura 4.).  Y ahí quedó.

Figura 4.  Challando el resumen del Plan de Manejo de Cotapata incluyendo la propuesta de ampliación de límites. De derecha a izquierda: el representante de Chuquiaguillo (presidente del entonces Comité de Gestión), el representante del SERNAP y el autor. Noviembre, 2004.

Así, debido al paradigma del Gobierno, las áreas protegidas nacionales no se han extendido desde el 2006 por ningún motivo.  Y lejos de llevar 8 a 10 años de manejo y recuperación de cuencas, compensando a las comunidades (Caso Ecuador), se ha dejado que estas zonas tengan concesiones mineras funcionando hasta el presente (Figura 5) como constató El Diario[13].  Los mineros indicaron que no sacan agua de la presa, pero es más que lógico que el agua que usan habría nutrido a la presa y es probable que las aguas servidas lleguen a contaminar la misma.  La misma situación se presenta en la presa Milluni (Figura 6)[14].

Figura 5. Actividad Minera en inmediaciones de la presa de Incachaca, El Diario, 25 Nov. 2016


Porque la otra dimensión del paradigma del Gobierno es su apoyo incuestionable e incondicional a todo emprendimiento extractivo.  Esto explica sus constantes intentos de vulneración de la integridad de las áreas protegidas y de los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre los procesos y proyectos de desarrollo dentro de su territorio.   Su modelo también fomenta a la mega inversión, con una visión cortoplacista de la generación de ingresos para el Estado, que permitiría financiar las inversiones y subsidios populistas que ayudan a mantener al MAS en el poder, gracias a un voto clientelista.  Pero ese modelo, no muy diferente del criticado neoliberalismo del imperio, es el que ahora empieza a pasarnos la factura en forma visible.

Más allá de los discursos y sermones internacionales del Gobierno, éstas han sido las prioridades reales que han primado en los últimos 10 años, y ahora vemos sus consecuencias.  A llenar baldes se dijo.  Pero ¡ojo!...tome agua mineral en botella, porqué la otra está contaminada.

Figura 6.  El nevado Huayna Potosí y parte de la laguna Milluni.  En esta cuenca también se ha permitido minería, contaminando hace años a la primera fuente de agua para La Paz y el Alto. Foto Karin Allgoewer.


[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36818
[2] http://latribuna69.org/los-que-vivimos-en-el-sur-no-somos-los-guardaparques-del-norte/
[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204630
[4] Drobison blogspot Rodrigo Mariaca
[5] http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/08022016/cinco_regiones_afectadas_lluvias_retrasadas_y_presas_semivacias
[6] http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/6/20/tres-decretos-allanan-explotacion-petrolera-parques-nacionales-60585.html
[8] http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/11/11/bala-chepete-sernap-mejorara-ingresos-116649.html
[10] http://wwf.panda.org/wwf_news/?251078/Polticas-pblicas-de-los-pases-amaznicos-y-cambio-climtico-reas-protegidas-como-estrategias-de-adaptacin
[14] http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1813-53632009000200006&script=sci_arttext

Friday, October 21, 2016

Mega represas del Bala y Chepete: el proceso de consulta en el Estado Plurinacional para una vaca sagrada que pondría huevos de oro



El lunes 17 de octubre del 2016 hubo un evento histórico en las playas del río Beni en la entrada al angosto del Bala (Figuras 1 y 2).  Ahí se reunieron representantes de muchas comunidades indígenas que serían afectadas por la construcción y funcionamiento de una mega represa en el angosto de Chepete y luego otra en el del Bala.  Presentes estaban 17 comunidades de las etnias Tsimane, Mosetén, Tacana y Josesana, que están cuenca abajo del angosto del Chepete, organizadas hacen varios años en la llamada Mancomunidad de Comunidades.  También estaban representantes de la TCO Mosetén (río arriba del Chepete) y personas de CMILAP (Central de Mujeres Indígenas del Norte de La Paz) y del CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia).



Figura 1. Concentración en las playas del río Beni, con vista al Bala


Figura 2. Preparando la olla común en la reunión en la entrada al Parque Nacional Madidi y a las TCO Pilón Lajas y San José de Uchupiamonas.

Ante la falta de información técnica oficial sobre el proyecto de mega represas, en una reunión sostenida entre  la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE), GEODATA (la empresa contratada para el estudio de identificación) y el CIPTA (Central Indígena del Pueblo Tacana), se había dado plazo hasta el 17 de octubre para que el Gobierno entregue la información del estudió de identificación realizado, en base al cual el Gobierno ya recontrató a GEODATA, por invitación directa, para hacer el estudio a diseño final. La información del estudio de identificación, que detallaría una supuesta factibilidad técnica y económica de las obras, y que costó 25 millones de bolivianos de arcas públicas, ha sido cuidada como secreto de guerra y no llegó a las comunidades del área del Bala y el Chepete.

Por eso, las comunidades asistentes aprobaron una resolución de 9 puntos, incluyendo la reafirmación de los derechos de los pueblos indígenas a un proceso de consulta previa, informada y de buena fe, el rechazo a las represas, y el establecimiento de un plazo de 72 horas para que ENDE y GEODATA retiren su maquinaria de los sitios[1] donde están adelantando investigaciones.

 
Figura 3 Campamento de GEODATA en el angosto del Chepete, jurisdicción del Municipio de Apolo, viernes, 14 octubre del 2016.
Figura 4. Perforación de GEODATA en el angosto del Chepete, jurisdicción del Municipio de Apolo y parte de la TCO Lecos de Apolo.


El derecho de las naciones y pueblos indígenas a la consulta previa está claro en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la misma que en su Artículo 30, inciso II, numeral 15 señala que : "En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los (…) derechos (…) a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.”

El texto de la Constitución refleja lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, en la cual se establecen las obligaciones de los Estados con los pueblos indígenas, y de la cual Bolivia es signatario.  Como veremos más adelante, varios artículos de esta declaración son especialmente relevantes para el caso de las mega represas en el río Beni;

Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 32. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Pareciera que no habría por dónde perderse, pero este promete ser un tema controversial, especialmente considerando las experiencias previas de interacción entre el Estado y los pueblos indígenas en Bolivia durante el gobierno del MAS.   Hablamos del caso TIPNIS y del manejo de los temas de consulta previa y compensación para los pueblos indígenas afectados por la extracción de hidrocarburos, donde el incumplimiento de estos compromisos internacionales y de la propia Constitución Boliviana fueron incluso denunciados por el Defensor del Pueblo[2].  

El presidente Morales ya había indicado el año 2011 que las consultas previas eran “una pérdida de tiempo y dinero.”[3]  Más recientemente, el Presidente de ENDE indicó que la consulta previa era sólo para el tema de recursos petroleros, y que en el caso de estas represas no sería necesario[4]. Posteriormente se retractó y dijo que sí se haría[5].  Más o menos al mismo tiempo, la vice ministra del Medio Ambiente, Cynthia Silva, instruyó a los funcionarios públicos no hablar del tema, ya que, en su opinión oficial, no se puede saber nada de impactos hasta terminar los estudios para el diseño final[6].

Posteriormente Iván Arias, analista a nivel nacional, hizo notar que la discusión podría ser innecesaria ya que en la misma CPE, Artículo 30, inciso I, numeral 17 se señala que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho: "A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”[7].  En otras palabras, no correspondería informar, sino pedir permiso.  Pues en la zona de impacto probable de las represas, la tenencia de la tierra es clara, correspondiendo en su mayoría a Tierras Comunitarias de Origen con título ejecutorial a nombre de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas Mosetén, Leco, Tsimane y Tacana, o a títulos de comunidades indígenas Tacanas.  Es más, estas etnias, entre otras, serían la razón del cambio de nombre del país al Estado Plurinacional.

Recientemente, entre setiembre y octubre 2016, en forma tardía, parcial y caótica el Gobierno ha intentado reunirse con diferentes actores en la zona para dialogar.  Hay funcionarios de ENDE como de GEODATA que han visitado algunas comunidades y que se han reunido con diferentes actores en Rurrenabaque. El mensaje que traen parece ser similar:  Se puede hablar de las muchas supuestas bondades de las represas, que serían un gran negocio, pues el mismo presidente Morales ha dicho que va a ser “puro ingreso” después de 6 años … o sea, que son una gallina que pone huevos de oro.  Se puede hablar también de que se usaría nueva tecnología que “no tendría impacto ambiental”, y que el mercado para la energía a ser producida estaría “garantizado”.  Lo que no se puede discutir es cualquier impacto socio-ambiental negativo que las obras pudiesen tener, y tampoco se puede presentar para su análisis las dudas que existen sobre la rentabilidad de las obras.  Eso, aparentemente, hay que pensarlo recién después que GEODATA haya terminado el estudio de diseño final. Tampoco se habla de analizar posibles alternativas de generación de energía, en otras zonas, con otras fuentes y a diferentes escalas.  Un proceso de socialización y consulta donde sólo se habla de los supuestos aspectos positivos no sólo es absurdo en general, sino que atenta contra los compromisos del Estado de actuar de buena fe y asegurar que la consulta sea libre e informada. En estas condiciones, sin duda el proceso es una pérdida de tiempo como indica el presidente Morales. 

Y por esta falta de transparencia, lo que todos sienten es que como en casos anteriores (carretera en el TIPNIS, puente sobre el río Beni, etc) la decisión ya estaría tomada y el “proceso de consulta” no llega a ser ni siquiera un saludo a la bandera.  El proyecto de mega represas es una vaca sagrada, y no hay espacio ni tiempo para discutir la justificación de la obra.  Y como lo dijo un comunario que tomó la palabra en la asamblea en el Bala “Ahora el que reclama su derecho es opositor”.   Otro comentó “Cuando nos vamos a recordar ya va a estar todo hecho.”  Puede ser que esa haya sido la tendencia en procesos anteriores, pero hay que insistir en que esta forma de operar viola la letra y la intención de la CPE y de los acuerdos internacionales suscritos por el país.

Si uno vive en La Paz puede ser que lo peor será la “molestia” de quedar pagando por muchos años un porcentaje de la deuda de 7000 millones de dólares, como mínimo.  Pero desde el punto de vista de los Mosetenes, posiblemente “tragedia” o “traición” serían los mejores adjetivos para describir la forma en la cual se está llevando el proceso hacia la construcción de las mega represas.  Para hacerles recuerdo, esta etnia es una de las “pluri” naciones resaltadas en la nueva CPE y en el nuevo nombre de país.  Hasta hace 60 años el pueblo Mosetén tenía ancestralmente todo el valle del río La Paz o Alto Beni, desde el encuentro del río Quendeque hasta pasar al departamento de Cochabamba en el río Elena. Con las medidas promovidas desde el Estado a través del entonces Instituto de Colonización, los mosetenes fueron perdiendo territorio: primero todo el lado occidental del río (accesible desde Caranavi) y luego las partes más accesibles de la otra banda. 

Ya cuando se concretó la titulación de la TCO Mosetén en el 2001 (título ejecutorial TCONAL 000020) les quedaba apenas 3 fragmentos de territorio (verde en la figura 5) al sur y sureste de la TCO Pilón Lajas.  
Figura 5. Mapa parcial de TCOs en el norte de La Paz y este del Beni.  Fuente: captura de pantalla de documento de CEDIB.


¿Por qué ha quedado tan fragmentado el territorio Mosetén, comparado con los territorios Lecos?  Inicialmente, porque sus asentamientos estaban donde se construyó la carretera de penetración al Beni, donde la tierra fue entregada preferencialmente a colonos Alto Andinos.  Pero a largo plazo, es porque está en los mejores suelos.  Los suelos aluviales del valle del río Alto Beni y el bajo Kaka resultan ser los más productivos del trópico boliviano.  Se sabía hace 60 años, y se confirma hoy, que el valle del río Alto Beni es el más fértil de la zona y muy cotizado por los colonos.

Figura 6.  Vista del valle del río Alto Beni, tomada desde el Puente Sapecho.

A pesar de la importancia social y económica de esta zona, el fragmento de TCO más cercano a Pilón Lajas, que consiste en la banda oriental del río Alto Beni desde la boca del río Kaka hasta la desembocadura del rio Inicua, sería el más impactado por la represa del Chepete.  Tomando la cota de 400 msnm de la Ficha Ambiental redactada por GEODATA (que fue hecha pública contra las intenciones del Gobierno y sólo se conoce porque fue obtenida y difundida por ANF y la Fundación Solón) las comunidades sobre la ribera del río estarían bajo agua junto con todos sus suelos cultivables.

Agravando más aún el impacto al pueblo Mosetén y su territorio, el camino de acceso hasta el lugar de la represa, de 156 km, pasaría por las cabeceras de sus cerros y sus zonas de manejo forestal (Fig. 7).  Para que se den cuenta de la escala de este impacto, el camino antiguo de La Paz a Caranavi tenía 176 km.  Ahora estarían hablando de hacer una nueva carretera casi de la misma longitud, en terreno muy difícil, y en buena parte pasando por la TCO Moseten.
 
Figura 7. Información sobre la carretera de acceso propuesta en la Ficha Ambiental (Captura de pantalla de presentación de Molina y Espinoza[8]
Tanto la inundación de las comunidades como el paso de la carretera son dos impactos grandes, que pueden predecirse sin necesidad de mayores estudios, pues son obvios y lógicos desde el momento que se establece que el nivel máximo del embalse sería de 400 msnm. Estas acciones (construcción de embalse y carretera) están documentadas en la Ficha Ambiental, pero varias señoras de la TCO me confirmaron que los temas nunca se tocaron en las comunidades.  Para mi es significativo que GEODATA no haya señalado la TCO Mosetenes en la Figura 7, como sí hicieron figurar la “Reserva Nacional” Pilón Lajas (sin mencionar que es además una TCO).

Más preocupante aún es que la Ficha Ambiental tiene una “lista de comunidades” identificadas por GEODATA que estarían dentro del embalse del Chepete, pero solo indica tipología, matriz cultural, en qué sección municipal quedan, y cuál sería su población de acuerdo al censo del 2012 (Figura 8).  No se ha incluido los nombres de estas comunidades en ninguna parte de la Ficha Ambiental.  Aunque no será difícil asociar las cifras del censo 2012 con comunidades específicas, queda claro que los autores del estudio no querían que las comunidades más afectadas se enteren.  Esto es lo opuesto de una consulta de buena fe; es un intento de desinformar y demorar el reconocimiento de impacto hasta que sea demasiado tarde.  Constituye un intento claro y deliberado de negar esta información a los más interesados, lo cual contradice el artículo 30 de la Constitución Política del estado Plurinacional previamente citado.

 
Figura 8.  Lista de comunidades anónimas que quedarían bajo agua de acuerdo a la Ficha Ambiental de la Represa Chepete 400, filtrada contra las intenciones del Gobierno.

Cuando salió la noticia de la asamblea del Bala, y su rechazo a las mega represas del río Beni, el Presidente Morales dijo "Yo no tengo información que el movimiento indígena estaría rechazando. Si está rechazando explicar, informar. A veces también por falta de información, eso tal vez sea nuestra culpa, por falta de información rechaza[9]  Muy positivo que el Presidente instruya explicar e informar, y ojalá sus operadores técnicos y políticos le hagan caso y cumplan no sólo con la orden presidencial sino con el mandato constitucional de realizar la consulta de buena fe e informada.  Y que lo hagan con las organizaciones legítimas, y sin promover organizaciones paralelas o comprar el apoyo con espejos y cuentas, aprovechando las necesidades de las comunidades, como se hizo en el TIPNIS. 

Sin embargo, personalmente no creo que cuando esto ocurra, y se confirmen las sospechas de los severos impactos de estas obras en las comunidades, el simple acceso a la información hará que la población afectada acepte alegremente esta vaca sagrada.  Especialmente si se permite analizar a detalle la rentabilidad de esta obra y obras asociadas (carretera y tendido de líneas de transmisión), y si se permite también compartir la información que muestra que existen alternativas de generación de energía que no inundan a ninguna comunidad.  

Sr. Presidente, su legado comenzará con ser el primer presidente indígena del hemisferio occidental.  Su legado terminará con ser el primer presidente indígena del hemisferio occidental que no reconoce ni respeta los derechos indígenas logrados después de tanto tiempo y esfuerzo.


[8] Molina, J. y Espinoza, D. 2016 El proyecto El Bala: Hidrología, Hidráulica e impactos asociados.  Foro cambio climático en el Madidi.