El lunes 17 de octubre del 2016 hubo un evento histórico
en las playas del río Beni en la entrada al angosto del Bala (Figuras 1 y 2). Ahí se reunieron representantes de muchas
comunidades indígenas que serían afectadas por la construcción y funcionamiento
de una mega represa en el angosto de Chepete y luego otra en el del Bala. Presentes estaban 17 comunidades de las
etnias Tsimane, Mosetén, Tacana y Josesana, que están cuenca abajo del angosto
del Chepete, organizadas hacen varios años en la llamada Mancomunidad de
Comunidades. También estaban representantes
de la TCO Mosetén (río arriba del Chepete) y personas de CMILAP (Central de
Mujeres Indígenas del Norte de La Paz) y del CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas de Bolivia).
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| Figura 1. Concentración en las playas del río Beni, con vista al Bala |
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| Figura 2. Preparando la olla común en la reunión en la entrada al Parque Nacional Madidi y a las TCO Pilón Lajas y San José de Uchupiamonas. |
Ante la falta de información técnica oficial sobre el
proyecto de mega represas, en una reunión sostenida entre la Empresa Nacional de Electricidad de
Bolivia (ENDE), GEODATA (la empresa contratada para el estudio de identificación)
y el CIPTA (Central Indígena del Pueblo Tacana), se había dado plazo hasta el
17 de octubre para que el Gobierno entregue la información del estudió de identificación
realizado, en base al cual el Gobierno ya recontrató a GEODATA, por invitación
directa, para hacer el estudio a diseño final. La información del estudio de
identificación, que detallaría una supuesta factibilidad técnica y económica de
las obras, y que costó 25 millones de bolivianos de arcas públicas, ha sido
cuidada como secreto de guerra y no llegó a las comunidades del área del Bala y
el Chepete.
Por eso, las comunidades asistentes aprobaron una resolución
de 9 puntos, incluyendo la reafirmación de los derechos de los pueblos indígenas
a un proceso de consulta previa, informada y de buena fe, el rechazo a las
represas, y el establecimiento de un plazo de 72 horas para que ENDE y GEODATA retiren su maquinaria de los sitios[1]
donde están adelantando investigaciones.
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Figura 3 Campamento de GEODATA en el angosto del Chepete, jurisdicción del Municipio de
Apolo, viernes, 14 octubre del 2016.
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| Figura 4. Perforación de GEODATA en el angosto del Chepete, jurisdicción del Municipio de Apolo y parte de la TCO Lecos de Apolo. |
El derecho de las naciones y pueblos indígenas a la
consulta previa está claro en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia, la misma que en su Artículo 30, inciso II, numeral 15 señala que : "En
el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los (…) derechos (…)
a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a
través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.”
El texto de la Constitución refleja lo establecido en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año
2007, en la cual se establecen las obligaciones de los Estados con los pueblos
indígenas, y de la cual Bolivia es signatario. Como veremos más adelante, varios artículos de esta declaración son especialmente relevantes para el
caso de las mega represas en el río Beni;
Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán
desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a
ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización
justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a
participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con
sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias
instituciones de adopción de decisiones.
Artículo
32. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o
territorios y otros recursos.
2. Los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas
a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos,
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación
de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
Pareciera que no
habría por dónde perderse, pero este promete ser un tema controversial,
especialmente considerando las experiencias previas de interacción entre el
Estado y los pueblos indígenas en Bolivia durante el gobierno del MAS. Hablamos del caso TIPNIS y del manejo de los
temas de consulta previa y compensación para los pueblos indígenas afectados
por la extracción de hidrocarburos, donde el incumplimiento de estos
compromisos internacionales y de la propia Constitución Boliviana fueron
incluso denunciados por el Defensor del Pueblo[2].
El presidente Morales ya había indicado el año 2011 que
las consultas previas eran “una pérdida de tiempo y dinero.”[3] Más recientemente, el Presidente de ENDE
indicó que la consulta previa era sólo para el tema de recursos petroleros, y
que en el caso de estas represas no sería necesario[4]. Posteriormente
se retractó y dijo que sí se haría[5]. Más o menos al mismo tiempo, la vice ministra
del Medio Ambiente, Cynthia Silva, instruyó a los funcionarios públicos no hablar
del tema, ya que, en su opinión oficial, no se puede saber nada de impactos
hasta terminar los estudios para el diseño final[6].
Posteriormente Iván Arias, analista a nivel nacional,
hizo notar que la discusión podría ser innecesaria ya que en la misma CPE, Artículo
30, inciso I, numeral 17 se señala que los pueblos y naciones indígenas tienen
derecho: "A la gestión territorial
indígena autónoma, y al uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes
en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
terceros”[7]. En otras palabras, no correspondería
informar, sino pedir permiso. Pues en la zona de impacto probable de las
represas, la tenencia de la tierra es clara, correspondiendo en su mayoría a Tierras
Comunitarias de Origen con título ejecutorial a nombre de las organizaciones
representativas de los pueblos indígenas Mosetén, Leco, Tsimane y Tacana, o a títulos
de comunidades indígenas Tacanas. Es más,
estas etnias, entre otras, serían la razón del cambio de nombre del país al Estado
Plurinacional.
Recientemente, entre setiembre y octubre 2016, en forma
tardía, parcial y caótica el Gobierno ha intentado reunirse con diferentes
actores en la zona para dialogar. Hay
funcionarios de ENDE como de GEODATA que han visitado algunas comunidades y que
se han reunido con diferentes actores en Rurrenabaque. El mensaje que traen parece
ser similar: Se puede hablar de las
muchas supuestas bondades de las represas, que serían un gran negocio, pues el
mismo presidente Morales ha dicho que va a ser “puro ingreso” después de 6 años
… o sea, que son una gallina que pone huevos de oro. Se puede hablar también de que se usaría
nueva tecnología que “no tendría impacto ambiental”, y que el mercado para la
energía a ser producida estaría “garantizado”.
Lo que no se puede discutir es cualquier impacto socio-ambiental
negativo que las obras pudiesen tener, y tampoco se puede presentar para su
análisis las dudas que existen sobre la rentabilidad de las obras. Eso, aparentemente, hay que pensarlo recién
después que GEODATA haya terminado el estudio de diseño final. Tampoco se habla
de analizar posibles alternativas de generación de energía, en otras zonas, con
otras fuentes y a diferentes escalas. Un
proceso de socialización y consulta donde sólo se habla de los supuestos aspectos
positivos no sólo es absurdo en general, sino que atenta contra los compromisos
del Estado de actuar de buena fe y asegurar que la consulta sea libre e
informada. En estas condiciones, sin duda el proceso es una pérdida de tiempo
como indica el presidente Morales.
Y por esta falta de transparencia, lo que todos sienten
es que como en casos anteriores (carretera en el TIPNIS, puente sobre el río
Beni, etc) la decisión ya estaría tomada y el “proceso de consulta” no llega a
ser ni siquiera un saludo a la bandera. El
proyecto de mega represas es una vaca sagrada, y no hay espacio ni tiempo para
discutir la justificación de la obra. Y
como lo dijo un comunario que tomó la palabra en la asamblea en el Bala “Ahora
el que reclama su derecho es opositor”.
Otro comentó “Cuando nos vamos a recordar ya va a estar todo
hecho.” Puede ser que esa haya sido la
tendencia en procesos anteriores, pero hay que insistir en que esta forma de
operar viola la letra y la intención de la CPE y de los acuerdos
internacionales suscritos por el país.
Si uno vive en La Paz puede ser que lo peor será la
“molestia” de quedar pagando por muchos años un porcentaje de la deuda de 7000
millones de dólares, como mínimo. Pero
desde el punto de vista de los Mosetenes, posiblemente “tragedia” o “traición”
serían los mejores adjetivos para describir la forma en la cual se está
llevando el proceso hacia la construcción de las mega represas. Para hacerles recuerdo, esta etnia es una de las
“pluri” naciones resaltadas en la nueva CPE y en el nuevo nombre de país. Hasta hace 60 años el pueblo Mosetén tenía
ancestralmente todo el valle del río La Paz o Alto Beni, desde el encuentro del
río Quendeque hasta pasar al departamento de Cochabamba en el río Elena. Con las
medidas promovidas desde el Estado a través del entonces Instituto de Colonización,
los mosetenes fueron perdiendo territorio: primero todo el lado occidental del
río (accesible desde Caranavi) y luego las partes más accesibles de la otra
banda.
Ya cuando se concretó la titulación de la TCO Mosetén en
el 2001 (título
ejecutorial TCONAL 000020) les quedaba apenas 3 fragmentos de
territorio (verde en la figura 5) al sur y sureste de la TCO Pilón Lajas.
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| Figura 5. Mapa parcial de TCOs en el norte de La Paz y este del Beni. Fuente: captura de pantalla de documento de CEDIB. |
¿Por qué ha quedado tan fragmentado el territorio Mosetén,
comparado con los territorios Lecos? Inicialmente, porque sus asentamientos estaban
donde se construyó la carretera de penetración al Beni, donde la tierra fue
entregada preferencialmente a colonos Alto Andinos. Pero a largo plazo, es porque está en los
mejores suelos. Los suelos aluviales del
valle del río Alto Beni y el bajo Kaka resultan ser los más productivos del
trópico boliviano. Se sabía hace 60
años, y se confirma hoy, que el valle del río Alto Beni es el más fértil de la
zona y muy cotizado por los colonos.
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| Figura 6. Vista del valle del río Alto Beni, tomada desde el Puente Sapecho. |
A pesar de la importancia social y económica de esta
zona, el fragmento de TCO más cercano a Pilón Lajas, que consiste en la banda
oriental del río Alto Beni desde la boca del río Kaka hasta la desembocadura
del rio Inicua, sería el más impactado por la represa del Chepete. Tomando la cota de 400 msnm de la Ficha
Ambiental redactada por GEODATA (que fue hecha pública contra las intenciones
del Gobierno y sólo se conoce porque fue obtenida y difundida por ANF y la
Fundación Solón) las comunidades sobre la ribera del río estarían bajo agua
junto con todos sus suelos cultivables.
Agravando más aún el impacto al pueblo Mosetén y su
territorio, el camino de acceso hasta el lugar de la represa, de 156 km,
pasaría por las cabeceras de sus cerros y sus zonas de manejo forestal (Fig. 7). Para que se den cuenta de la escala de este
impacto, el camino antiguo de La Paz a Caranavi tenía 176 km. Ahora estarían hablando de hacer una nueva
carretera casi de la misma longitud, en terreno muy difícil, y en buena parte
pasando por la TCO Moseten.
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| Figura 7. Información sobre la carretera de acceso propuesta en la Ficha Ambiental (Captura de pantalla de presentación de Molina y Espinoza[8] |
Tanto la inundación de las comunidades como el paso de la
carretera son dos impactos grandes, que pueden predecirse sin necesidad de
mayores estudios, pues son obvios y lógicos desde el momento que se establece
que el nivel máximo del embalse sería de 400 msnm. Estas acciones (construcción
de embalse y carretera) están documentadas en la Ficha Ambiental, pero varias
señoras de la TCO me confirmaron que los temas nunca se tocaron en las
comunidades. Para mi es significativo
que GEODATA no haya señalado la TCO Mosetenes en la Figura 7, como sí hicieron
figurar la “Reserva Nacional” Pilón Lajas (sin mencionar que es además una TCO).
Más preocupante aún es que la Ficha Ambiental tiene una “lista
de comunidades” identificadas por GEODATA que estarían dentro del embalse del
Chepete, pero solo indica tipología, matriz cultural, en qué sección municipal
quedan, y cuál sería su población de acuerdo al censo del 2012 (Figura 8). No se ha incluido los nombres de estas
comunidades en ninguna parte de la Ficha Ambiental. Aunque no será difícil asociar las cifras del
censo 2012 con comunidades específicas, queda claro que los autores del estudio
no querían que las comunidades más afectadas se enteren. Esto es lo opuesto de una consulta de buena
fe; es un intento de desinformar y demorar el reconocimiento de impacto hasta
que sea demasiado tarde. Constituye un intento
claro y deliberado de negar esta información a los más interesados, lo cual
contradice el artículo 30 de la Constitución Política del estado Plurinacional
previamente citado.
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| Figura 8. Lista de comunidades anónimas que quedarían bajo agua de acuerdo a la Ficha Ambiental de la Represa Chepete 400, filtrada contra las intenciones del Gobierno. |
Cuando salió la noticia de la asamblea del Bala, y su rechazo
a las mega represas del río Beni, el Presidente Morales dijo "Yo no tengo información que el
movimiento indígena estaría rechazando. Si está rechazando explicar, informar.
A veces también por falta de información, eso tal vez sea nuestra culpa, por
falta de información rechaza[9]” Muy positivo que el Presidente instruya
explicar e informar, y ojalá sus operadores técnicos y políticos le hagan caso
y cumplan no sólo con la orden presidencial sino con el mandato constitucional
de realizar la consulta de buena fe e informada. Y que lo hagan con las organizaciones legítimas,
y sin promover organizaciones paralelas o comprar el apoyo con espejos y
cuentas, aprovechando las necesidades de las comunidades, como se hizo en el
TIPNIS.
Sin embargo, personalmente no creo que cuando esto
ocurra, y se confirmen las sospechas de los severos impactos de estas obras en
las comunidades, el simple acceso a la información hará que la población
afectada acepte alegremente esta vaca sagrada.
Especialmente si se permite analizar a detalle la rentabilidad de esta
obra y obras asociadas (carretera y tendido de líneas de transmisión), y si se permite
también compartir la información que muestra que existen alternativas de
generación de energía que no inundan a ninguna comunidad.
Sr. Presidente, su legado comenzará con ser el primer
presidente indígena del hemisferio occidental.
Su legado terminará con ser el primer presidente indígena del hemisferio
occidental que no reconoce ni respeta los derechos indígenas logrados después
de tanto tiempo y esfuerzo.
[7] http://www.paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2016/10/10/chepite-el-bala-consulta-previa-derecho-exclusivo-112823.html
[8] Molina, J. y Espinoza, D. 2016 El proyecto El Bala: Hidrología, Hidráulica e impactos asociados. Foro cambio climático en el Madidi.
