El 18 de
abril de este año una mujer indígena fue ante un foro de las Naciones Unidas
para denunciar que su Gobierno estaría violando sistemáticamente los derechos
de comunidades indígenas en su país. En
sí, esto no debería ser una sorpresa.
Justamente este Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas existe porque es muy generalizada la discriminación y
explotación de pueblos indígenas por grupos de poder en muchas regiones del
mundo. La gran diferencia es que el Gobierno denunciado
era el de Bolivia, y su presidente, un líder de ascendencia indígena reconocido
mundialmente y al frente de un gobierno supuestamente indígena, había hablado dos
días antes frente a la Asamblea General de la ONU con un discurso a favor de los
derechos de la Madre Tierra y con una propuesta de cambiar el nombre del
mencionado Foro de “Cuestiones Indígenas” a “Derechos Indígenas”.
Constituye,
como dice mi hermana, “un caso digno de estudio.”
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| Fig.1 Ruth Alipaz Cuqui haciendo su denuncia frente al Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas el 18 de abril, 2018 [1] |
En
concreto esta mujer, Ruth Alipaz Cuqui (Figura 1.), denunciaba que el Gobierno de
Bolivia, al propulsar mega hidroeléctricas como Chepete, Bala y ahora Rositas,
inundaría y/o desplazaría a muchas comunidades indígenas de 6 de las naciones
del Estado Plurinacional de Bolivia. Más
aún, señalaba que estos proyectos se estarían adelantando sin la “consulta
libre, previa e informada” (CLPI) a comunidades originarias afectadas, establecida
en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia – CPE en el año
2009. Este derecho había sido primero
ratificado como parte del Convenio 169 de la OIT, en 1989, y el mismo derecho elevado a rango de
ley el 2007 (Ley 3760 Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas). El
Gobierno no solo estaría violando nuestra carta magna, estaría poniendo así en riesgo la existencia de dichos pueblos
indígenas en sus territorios ancestrales.
No se hizo
esperar la respuesta de grupos de poder en Bolivia. El Presidente Morales se expresó casi
inmediatamente indicando que Doña Ruth no sería legítima vocera de los pueblos
indígenas porque no es “orgánica”[2] dando a entender que no
tenía autoridad de hablar en representación de las múltiples naciones
potencialmente afectadas. Por otro lado,
Hilarión Mamani, Secretario Ejecutivo del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y
Marcas del Qullasuyo) rama afín al gobierno (e irónicamente rama “no-orgánica”[3]) acusó a Doña Ruth de ser
“una empresaria” …. “haciéndose pasar por indígena[4]” y que no tendría derecho
para hablar a nombre de las múltiples comunidades potencialmente afectadas[5]. También se insinuó que Doña Ruth habría
recibido apoyo de alguna ONG como factor inhabilitante para hablar ante la ONU.
Antes de
entrar en estos conceptos en mayor detalle vale aclarar que el Ministro de
Energía, Rafael Alarcón, admitió posteriormente que efectivamente no se había
hecho la consulta previa para Chepete y Bala, y que ésta se haría en “el momento
oportuno” [6]. Considerando que la empresa italiana Geodata
estaría terminando su segundo estudio (Diseño Final) multimillonario sobre las
Represas de Bala y Chepete desde el 2015,[7] hacer la consulta de
manera “previa” como lo establece la CPE no parece ser oportuno para el Gobierno.
¿Tal vez será más oportuno consultar cuando
ya se haya invertido tanto dinero en estudios que insistirán que habría que
“meterle no más,” para que esos recursos no se “pierdan”?
En el caso
de la Represa Rositas sobre el Rio Grande, el 2016 ya se firmó un contrato de
1000 millones de dólares con un consorcio chino para la "Ingeniería,
Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha” [8], sin que haya un estudio
de factibilidad en los últimos 30 años, ni un estudio a diseño final, y mucho
menos una consulta previa con las comunidades originarias afectadas. Ante una
“Acción Popular” (derecho enmarcado en la CPE) presentada por las comunidades
potencialmente afectadas por ese proyecto de represa, en estos días el juez del
caso ha determinado que no ha habido violación de los derechos de las
comunidades porque, aunque el contrato se haya firmado, no se ha ejecutado aún[9].
También
vale aclarar que el Foro de la ONU aceptó y dio curso a la denuncia de Doña
Ruth. Al concluir el evento en Nueva
York, el Foro pidió al Comité Económico y Social que adopte medidas y tomen
atención sobre estos procesos en Bolivia.[10]
En resumen,
la gente que objetaba la denuncia de Doña Ruth no estaba desvirtuando lo que
expuso Doña Ruth (lo confirmaron voluntariamente), sino rechazaban sus
“credenciales” como vocera, y cuestionaban su identidad indígena misma.
Doña Ruth,
de acuerdo a su certificado de nacimiento (que he visto), nació en San José de
Uchupiamonas en el río Tuichi. De niña
primero habló Quechua, aprendiendo español en la escuela y aún así jugaba con
sus amigos en Quechua, al igual que los compañeros de su generación en San
José. Superando muchos obstáculos completó
estudios universitarios y se tituló como administradora de empresas. Por
circunstancias de la vida habla también bastante inglés, además de Español y Quechua.
Efectivamente,
ella es una empresaria ya que ha sido gestora de emprendimientos, personales y
comunitarios, alrededor del avistamiento de aves en Bolivia, donde curiosamente
los guías de mayor renombre, y con mayor dominio de nombres científicos y nombres
comunes en inglés, son también de San José de Uchupiamonas. Se criaron en el
monte, hablan Quechua, pero tranquilamente distinguen entre un Yellow-bellied
Warbler y un Golden-crowned Warbler por sus cantos. Estas son aves tan raras y desconocidas
que no tienen nombres en Español ni en Quechua.
Por manejar
tres lenguas (incluyendo una lengua indígena), ¿son menos indígenas estas
personas que el presidente Morales (que no maneja ninguna lengua indígena)? O
dicho de otra forma ¿Hay algo más indígena que ganar la vida interpretando a la
Madre Tierra como observadores de aves?
Yo me crie
en un contexto donde much@s, si no una mayoría, de l@s empresari@s eran de
ascendencia indígena, en muchos casos fácilmente reconocibles por la
pollera. He conocido personalmente a una
mujer de pollera que ya hace 30 años era dueña de 10 camiones. He sabido de casos de patrimonio mucho mayor que
eso (camiones, hoteles, ferreterías y bienes raíces en general) en Rurrenabaque;
¿en qué momento dejan estas personas de ser indígenas? ¿Un camión sería aceptable, pero más de 10
camiones y ya deja de ser indígena? ¿O es posible que ser dueña de camiones y
ferreterías cae dentro de las actividades consideradas propias de los indígenas,
pero el avistamiento de aves en su hábitat natural, no?
En el
contexto del capitalismo familiar de El Alto[11] y la Calle Uyustus de La
Paz, si bien puede haber muchos hombres trabajando en un negocio,
frecuentemente es una mujer, con o sin pollera, quien tiene la responsabilidad
final de cuidar el capital, el patrimonio: está al centro de la empresa. O sea
que ser empresaria podría considerarse un rasgo cultural característico de una
de las más numerosas naciones del Estado Plurinacional. ¿Pero una mujer indígena no puede hablar
frente a la ONU, porque es empresaria?
Esta discriminación
es más compleja y arraigada de lo que uno pensaría. Existe otro caso, el de Alex Villca, también
de San José de Uchupiamonas. En el 2016,
cuando el tema del proyecto de represas del Bala y Chepete emergió de nuevo,
tomaron protagonismo en Rurrenabaque la CODA (Coordinadora de la Defensa de la
Amazonía) y la Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni (Figura 2), y surgió Don
Alex como uno de los interlocutores más elocuentes y activos. Cuestionaba las propuestas de mega-represas, sus
impactos socioambientales, el desconocimiento de los derechos enmarcados en la
CPE y los intereses que estarían detrás de las propuestas. Después de un evento donde Don Alex habló, y
que fue ampliamente difundido, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis
Alberto Sánchez (Figura 3), afirmó que Alex tenía una empresa de turismo y que,
textualmente, “había hecho una maestría
en una universidad en La Paz, entonces ya no es indígena.” [12] y [13]
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| Figura 2. Vigilia y “bloqueo” del río Beni en contra de Chepete y Bala organizada por la Mancomunidad y apoyada por la CODA, Noviembre 2016. Fuente: radiozapatista.org |
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| Figura 3. Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. |
Ha pasado casi
dos años desde entonces y he esperado, en vano, que alguien del MAS y/o del Gobierno
aclare la lógica de que un indígena que logra una educación formal deja de ser
indígena. Hace pocos días el Ministro Sánchez reiteró su opinión que los únicos que se oponen a las
represas del Bala y Chepete son “citadinos de la zona sur de La Paz”, o “… uno
que tiene maestría”[14]. Los hechos que motivan este
artículo más bien sugieren
que esta sería una opinión dominante en el Gobierno, supuestamente indígena. ¿A
eso apunta el famoso proceso de cambio?
Por otro
lado, queda claro que el MAS no tiene una oposición a las empresas en general, ni
a l@s empresari@s en general, ya que tiene fuertes alianzas con empresas
transnacionales de petróleo, empresas chinas de construcción y en el escenario
nacional destaca una alianza con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). La CAO representa los intereses de empresas
agroindustriales y de los agricultores en gran escala, y por ende al sector
causante de la deforestación en mayor escala[15]. Es tan cercana esta relación que el Gobierno utilizó
5% los fondos de pensiones nacionales (a los cuales los miembros de la CAO
deben aportar en mínimo porcentaje) para proveer créditos favorables para el
rubro[16],[17].
¿Hay algo
menos indígena que deforestar para producir cultivos transgénicos, para
exportar a los EEUU o a China?
Esto
sugiere que al Gobierno en realidad no le preocupa que los indígenas sean
empresarios o egresados universitarios.
Esto es, siempre que estén callados y no se opongan a las propuestas del
gobierno, menos aún, frente a la ONU. O
sea que el indígena aceptable (“el de verdad”) sería el que es sumiso, pobre y
no expresa un criterio propio cuando esto afecte los intereses del partido en
el poder. El indígena que discrepa ya no
sería indígena, perdiendo el derecho a opinar.
En otras palabras, los empresarios que viven de la extracción o destrucción de los recursos naturales son aceptables y tienen asiento en la mesa, mientras que los que defienden a la Madre Tierra deben permanecer en la cocina, preferiblemente “cama adentro”.
¿Y a qué
se refería el Presidente Morales cuando criticó que Doña Ruth no era orgánica? Este tema merece una explicación más
detallada
El Gobierno y las organizaciones indígenas durante la
gestión del MAS
Desde la Reforma
Agraria se ha tomado como modelo de organización principal el del sindicalismo,
donde las comunidades originarias se aglutinarían en una organización por
etnia. Ejemplos serían el Gran Consejo
Tsimane o CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana). Estas organizaciones de base étnica luego se
agruparían en una organización departamental, por ejemplo, la CPILAP (Central
de Pueblos Indígenas de La Paz) y luego en organizaciones nacionales como CIDOB
(originalmente Central Indígena del Oriente Boliviano) y CONAMAQ (Consejo
Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo), que aglutina a las organizaciones
territoriales originarias de tierras altas en el país.
Las
organizaciones que pertenecen a este tipo de estructura se consideran
“orgánicas,” lo que originalmente se entendía como legítimamente elegidas y voceras
de los intereses de sus bases. Como
veremos a continuación ese concepto se ha relativizado.
La
relación del Gobierno del MAS con las organizaciones originarias orgánicas es complicada
y digna de varios estudios. El MAS inició
su gobierno en el 2006, cuando había organizaciones orgánicas intactas en todo
el territorio nacional. Pero, en la
medida que estas no obedecieron las direcciones del Gobierno, éste ha obrado sistemáticamente
(y exitosamente) para dividir las organizaciones, creado organizaciones
paralelas afines y obedientes. Esto constituye
una de las prácticas más reprochables que puede tener un gobierno (peor si se
considera “indígena”) en el ámbito de sindicatos y organizaciones originarias.
De esto
hay muchos ejemplos, pero el más claro involucra a la Subcentral del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y a la CONAMAQ ambas
organizaciones orgánicas intactas en el 2006, que participaron en la marcha
indígena de defensa del TIPNIS que se dirigía a La Paz hasta que fue
intervenida violentamente por el Gobierno en Chaparina en el 2011 (Figura 4). La marcha era una protesta contra el proyecto
de carretera que se quería construir atravesando el TIPNIS sin realizar la
consulta previa, y una defensa más amplia de los derechos indígenas
territoriales enmarcados en la CPE, la misma que a 2 años de estrenada el
Gobierno ya violaba abiertamente.
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| Figura 4. Fotografía emblemática de la represión policial en Chaparina, Departamento del Beni, 2011. Fuente: nacla.org |
En ambos
casos, bajo la presión política y por medio del prebendalismo, el Gobierno
logró debilitar estas estructuras orgánicas que estaban intactas al momento de
la marcha, pero posteriormente se dividieron (en dos en el caso del TIPNIS, y
en tres en el caso del CONAMAQ[18], donde solo una es orgánica,
reconocida por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Las otras dos, incluyendo la rama afín al Gobierno
que cuestionó a doña Ruth, no serían orgánicas).
Obviamente
el Gobierno niega estas prácticas de dividir y cooptar las organizaciones
indígenas, pero es de conocimiento general.
Los dirigentes orgánicos son intermediarios entre el Gobierno y su
etnia. Si el dirigente critica al Gobierno arriesga los proyectos de desarrollo
que corresponden a sus comunidades, o es cambiado por un dirigente que es
asequible al Gobierno. El escándalo del
FONDIOC (Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino) tiene que ver, en
muchos casos, con la entrega de recursos a estos dirigentes, con poca
fiscalización, a cambio de apoyo político[19]. No tendría que ser así, pero así es. Una prueba de esta actitud es que en dos
ocasiones el mismo presidente Morales ha indicado públicamente que si las
comunidades no aceptan el proyecto de represas de El Bala, se llevará los
recursos[20]
a otra parte del país. En el 2016 dijo
“si quieren, bien, si no quieren bien también, pero…[21]” Y luego, después de la declaración de Doña
Ruth en la ONU, nuevamente dijo que se llevarían esos recursos a otro departamento,
como lo haría un niño que amenaza con llevarse la pelota si no se juega como él
quiere[22].
Organizaciones alternativas de defensa de derechos
Tanto Doña
Ruth como Don Alex representan a la Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni,
una forma de organización que no es parte de la estructura organizativa
indígena denominada “orgánica”. La
Mancomunidad se organizó en años anteriores para enfrentar otros desafíos en
común, específicamente una persona y su ONG que querían apropiarse de tierras indígenas. Como veremos a continuación, su existencia
responde a un ejercicio de derechos reconocidos por la CPE. El rol de la
Mancomunidad en torno a los mega-proyectos de represas emerge de la inacción o
colusión de las organizaciones “orgánicas” con el Gobierno, que resulta en la
violación de los derechos de las comunidades indígenas directamente afectadas.
Veamos los detalles a continuación.
- Existen, por ahora, 17 comunidades que están sobre los ríos Quiquibey, Tuichi y Beni, aguas arriba de Rurrenabaque. Estas comunidades cuentan con población de tres etnias, Tsimane, Mosetene y Tacana, y pertenecen a cinco diferentes municipios en dos departamentos, La Paz y Beni[23]. O sea que no hay una organización “orgánica” étnica, o municipal, o departamental, que represente efectivamente los intereses de este colectivo, que enfrenta sin embargo una amenaza común (el proyecto de mega-represas de El Bala y Chepete).
- Para cada etnia mencionada, la zona sobre el río Beni representa el extremo de su territorio ancestral, lejos del núcleo político y de poder de cada etnia, a saber Horeb para los Tsimanes, Tumupasa para los Tacanas y Covendo para los Mosetenes. Esto resulta en una menor influencia de estas comunidades en las agendas y prioridades de las organizaciones orgánicas que las representan.
- Adicionalmente, los representantes orgánicos de estas etnias son interlocutores del Gobierno para muchos temas y, como vimos en la sección previa, esta relación es utilizada por el Gobierno para conseguir sus objetivos. Los líderes mejor informados son conscientes del riesgo de que sus comunidades y territorios queden bajo agua, o sean seriamente afectados por las represas. Sin embargo, la necesidad del apoyo del Gobierno en otros temas (salud, educación, infraestructura, etc) o el interés individual de algunos líderes por mantenerse en el poder a través de alianzas políticas con el partido de Gobierno, han llevado a que las organizaciones orgánicas no reaccionen sobre el tema, o incluso firmen su aceptación a la idea de las represas sin el debido análisis, ni consulta a las comunidades locales directamente afectadas.
- Esta inacción o colusión de las organizaciones indígenas orgánicas con el Gobierno, hace que la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni se reactive, en un intento de enfrentar la amenaza de la propuesta de represas en Chepete y Bala, aglutinando las comunidades potencialmente afectadas por la propuesta.
- El derecho de estas comunidades a organizarse de esta forma y de hablar ante cualquier foro nacional e internacional no podría estar más claro en la CPE.
a.
Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una
colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del
derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones
públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.
b.
Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y
colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
c. Artículo
108. Son deberes de las bolivianas y los
bolivianos: 16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de los seres vivos.
¿Puede
estar más claro? Al hablar en
representación de la Mancomunidad, Doña Ruth y Don Alex ejercen un derecho establecido
en la CPE.
Sin
embargo, al aceptar el deber de proteger y defender el medio ambiente y los
principios de consulta libre previa e informada de la CPE, ambos se han
expuesto al ataque personal y a presiones[24] del Gobierno y sus
voceros. A pocas semanas de la
intervención en la ONU, Doña Ruth ha recibido múltiples notificaciones de
impuestos internos sobre supuestas deudas con origen sin especificar.
La Consulta Previa en debate
Un tema
central en esta problemática tiene que ver con el proceso de consulta libre, previa
e informada (CLPI) enmarcada en la CPE.
Muchos creen que antes de que un proyecto se estudie debería haber una
consulta con las comunidades potencialmente afectadas. En mi opinión personal, considero que esto
sería peligroso si se lleva a cabo de la manera en la cual el Gobierno
interpreta el concepto de consulta previa. Hace unos días el Ministro de
Hidrocarburos y Energía prometió que estaba de ida personalmente a las
comunidades para “explicar los alcances del proyecto[25]”. Esto va en contra de todos los principios de
la CPLI: no es previa, ni es “informada”, es decir, basada en compartir con las
partes afectadas toda la información técnica existente, independiente y
relevante al caso. Si el Ministro va a
Mayaya, por ejemplo que es una población de aproximadamente 1000 personas, no
va a decir que la población se inundará con 52 m de agua y que todos tendrán
que relocalizarse a otro lugar, sin saber dónde.
En el caso
de las represas Bala y Chepete, en lo poco que ha habido comunicación entre el Gobierno
y las comunidades, representantes de ENDE han visitado a algunas comunidades,
describiendo muchos supuestos beneficios y sin enfatizar los efectos
negativos. Por ejemplo, con comunidades
de Mosetenes en Alto Beni representantes de ENDE han dicho que no se sabe qué
comunidades se afectarían. En realidad, esta
información existe porque de acuerdo a la ficha ambiental se piensa hacer el
embalse del Chepete hasta los 400 msnm, y es fácil mapear las comunidades
afectadas. Por ejemplo, la elevación de
la mencionada Mayaya es de 348 msnm entonces quedaría 52 m bajo agua. De hecho,
la ficha ambiental para el embalse del Chepete, entregada y aprobada en el
2016, a la cual se ha accedido por contrabando, tiene un cuadro indicando 23
comunidades que se inundarían, su población, su etnia, y su tipología. El nombre de la comunidad no aparece en
ninguna parte, aunque se tienen que saber el nombre para determinar qué
población tiene, de qué etnia sería y a qué sección municipal pertenecería
(cuadro 1).
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| Cuadro 1. Lista de comunidades que serían inundadas por el embalse del Chepete de acuerdo a la ficha ambiental elaborada por GEODATA. |
Entonces, desde
el 2015 (fecha del cuadro) se sabría cuales comunidades quedarían bajo agua,
pero lejos de compartir la información han retirado el nombre de la comunidad
del cuadro, escondiendo esa información. Esto constituye mala fe, el opuesto exacto de
una consulta informada. Es más, cuando
yo hago el mismo esfuerzo de mapear las comunidades afectadas por una
inundación hasta los 400 msnm me arroja el resultado de 48 comunidades (figura 5).
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| Figura 5. Comunidades y TCOs que se inundarían por el embalse del Chepete. Elaboración propia. |
En el caso
de las mega-represas del Chepete y Bala ese estudio de factibilidad ya existe
desde mediados del 2016 y en vez de usar ese estudio como base para información
y debate se ha manejado como secreto de estado. La Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni
hizo un ampliado (reunión de comunidades) en el estrecho del Bala el 17 de
octubre del 2016 (figura 6) donde entre sus determinaciones le dio un plazo al Gobierno
para entregar los resultados del estudio de factibilidad. No se entregó ninguna información. Hace unas semanas la Mancomunidad firmó un
convenio con la UMSA para que analicen la información técnica en forma
conjunta. En base a ese convenio se
solicitó nuevamente información al Gobierno y no ha habido respuesta. Toda la información que se analizado aquí ha
salido de versiones obtenidas de contrabando.
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| Figura 6. Reunión ampliado de las comunidades de la Mancomunidad del Rio Beni, en el estrecho del Bala, 17 octubre, 2016. Foto. Daniel Robison |
Vale
destacar que el estudio de factibilidad habría clasificado a la represa en el
Bala como no factible en las condiciones de mercado energético actual y al
Chepete como una inversión con ganancias apenas marginales[26], siempre y cuando no
ocurran sobrecostos y ni postergaciones en la construcción (lo cual, como
sabemos, ocurre siempre). Más bien, hace
pocos días el Ministro de Energía anunció que el actual estudio a diseño final
sería “muy diferente” al estudio de factibilidad[27]. Se supone que arrojaría resultados factibles. Y si no, como ya se ha invertido mucho dinero,
seguro que se propondrá “meterle no más.”
En mi
opinión, esta manipulación de la información y falta de transparencia muestra
la necesidad de hacer un estudio serio de factibilidad, de impacto social y
ambiental y que muestre además alternativas. En este escenario los
representantes de las comunidades afectadas participarían desde un inicio,
acompañados de sus propios asesores técnicos.
Luego, con ese estudio de factibilidad desarrollado de manera
transparente y a la vista de todos los afectados, se haría un proceso que sería
efectivamente libre e informado en las comunidades, previo a cualquier
inversión adicional. En ese debate
deberían participar también universidades y otros actores, porque si bien se
trataría del territorio de comunidades indígenas, afecta además el Parque
Nacional con mayor biodiversidad del mundo[28], perteneciente a todos
los bolivianos, y la cuenta financiera de la mega-inversión la pagaríamos todos. Así se evitaría el argumento de que se ha
invertido mucho en estudios y entonces hay que “meterle no más.”
El
presidente Morales ya hizo conocer que, en su opinión, las consultas previas
son pérdidas de tiempo [29]
. Queda claro que para él, si el Gobierno
ha tomado una decisión, las comunidades originarias no tendrían derecho a
rechazar una obra y por ende la consulta previa es un simple trámite. Aquí creo importante hacer una
distinción. El presidente hizo este
comentario en relación a la exploración petrolera, y este tema tiene un
importante contraste con el tema de generación de energía eléctrica.
Los
recursos petroleros ocurren en lugares específicos, en condiciones muy
particulares donde los procesos geológicos se han dado para dejar depósitos
sellados con gas o petróleo, lo cual ocurre en una fracción mínima del
territorio nacional, menos del 1%. Cuando estos depósitos coinciden con
territorios indígenas o áreas de enorme importancia por su biodiversidad, como
ya ha ocurrido, los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas entran
en serio conflicto, pues pronto o tarde el Gobierno y la sociedad insistirán en
acceder a esos yacimientos petrolíferos. El acceso a estos recursos del
subsuelo es considerado por muchos como una necesidad para el desarrollo
nacional y no hay otra forma de obtenerlos, que extraerlos del lugar donde se
encuentran.
En
contraste, la electricidad se puede generar en cualquier lugar del país. En los últimos meses ENDE ha inaugurado una
planta solar en la parte alta del departamento de Tarija[30] y una planta eólica en la
Chiquitanía[31]. Ambas tienen costos de producción de energía favorables
comparados con lo que Geodata ha estimado para la represa de Chepete y mucho
mejores que las estimaciones para la represa del Bala. Estas vías de generación no requieren inundar
ningún parque nacional, ninguna zona productora de fruta y cacao, no cortan
ninguna arteria entre los Andes y la Amazonia y no desplazan a ninguna
comunidad indígena de sus tierras ancestrales. ¿Cómo es posible que estas
formas de generación de energía con menores impactos y mayor rentabilidad no sean
al menos consideradas y analizadas como alternativas a las mega represas para
un Gobierno supuestamente defensor de la Madre Tierra y de los indígenas? ¿Cuán indígena se puede considerar el Gobierno
si la desaparición de comunidades y territorios indígenas no es factor de peso?
(Figura 5, 6 y 7).
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| Figura 5. ¿Gobierno indígena? El presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, y el vicepresidente que es, por CPE, el presidente de la Asamblea Plurinacional. |
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| Figura 6. Vicepresidente Nacional y a la vez Presidente de la Asamblea Plurinacional |
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| Figura 7. El presidente del Senado “Gringo” Gonzales, mostrando solidaridad. |
Finalmente,
sobre la objeción oficial a la legitimidad de Doña Ruth porque habría tenido
apoyo de alguna ONG para llegar a Nueva York y hacer su denuncia, los voceros
del Gobierno se olvidan que en su momento Evo Morales también recibió ayuda de las
ONGs, incluyendo específicamente a IBIS Dinamarca, para que viaje a Europa
cuando era candidato presidencial.
¿Acaso no estaría en todo su derecho de aceptar cualquier ayuda que
necesite con el motivo de hacer las denuncias de violación sistemática de
derechos de pueblos indígenas?
Más bien,
a mí me ofende profundamente saber que el presidente Morales ha viajado
nuevamente en el avión presidencial, con dinero de nuestros impuestos, hasta
Nueva York y que el motivo de su viaje era hablar, nuevamente, de los derechos
de indígenas y derechos de la Madre Tierra, cuando aquí vemos a diario la violación
de esos derechos en las acciones del Gobierno en su propio territorio.
[3] http://www.erbol.com.bo/noticia/social/10052018/paralelismo_triple_en_conamaq_enreda_dirigencia_originaria
[6] https://www.noticiasfides.com/economia/chepete-bala-gobierno-admite-que-no-hizo-consulta-a-indigenas-tras-dos-contratos-con-geodata--387727
[20]
Lo más preocupante es que no existen los recursos económicos que amenaza
llevarse el presidente. Las
mega-represas se construirían con préstamos, probablemente de la China, y
serían construidas por empresas chinas.
La zona quedaría con los daños socioeconómicos, y el país con la deuda.
[23]
Esto no incluye las 44 comunidades que se inundarían con el embalse del
Chepete, y que principalmente son de la TCO Mosetenes.
[29] http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/12072015/evo_dice_en_consulta_previa_se_pierde_mucho_tiempo
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