Wednesday, May 30, 2018

El gobierno indígena, la empresaria indígena y el Bala


El 18 de abril de este año una mujer indígena fue ante un foro de las Naciones Unidas para denunciar que su Gobierno estaría violando sistemáticamente los derechos de comunidades indígenas en su país.  En sí, esto no debería ser una sorpresa.  Justamente este Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas existe porque es muy generalizada la discriminación y explotación de pueblos indígenas por grupos de poder en muchas regiones del mundo.   La gran diferencia es que el Gobierno denunciado era el de Bolivia, y su presidente, un líder de ascendencia indígena reconocido mundialmente y al frente de un gobierno supuestamente indígena, había hablado dos días antes frente a la Asamblea General de la ONU con un discurso a favor de los derechos de la Madre Tierra y con una propuesta de cambiar el nombre del mencionado Foro de “Cuestiones Indígenas” a “Derechos Indígenas”. 

Constituye, como dice mi hermana, “un caso digno de estudio.”
 
Fig.1 Ruth Alipaz Cuqui haciendo su denuncia frente al Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas el 18 de abril, 2018 [1]

En concreto esta mujer, Ruth Alipaz Cuqui (Figura 1.), denunciaba que el Gobierno de Bolivia, al propulsar mega hidroeléctricas como Chepete, Bala y ahora Rositas, inundaría y/o desplazaría a muchas comunidades indígenas de 6 de las naciones del Estado Plurinacional de Bolivia.  Más aún, señalaba que estos proyectos se estarían adelantando sin la “consulta libre, previa e informada” (CLPI) a comunidades originarias afectadas, establecida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia – CPE en el año 2009.  Este derecho había sido primero ratificado como parte del Convenio 169 de la OIT, en 1989, y el mismo derecho elevado a rango de ley el 2007 (Ley 3760 Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas). El Gobierno no solo estaría violando nuestra carta magna, estaría poniendo así en riesgo la existencia de dichos pueblos indígenas en sus territorios ancestrales.

No se hizo esperar la respuesta de grupos de poder en Bolivia.  El Presidente Morales se expresó casi inmediatamente indicando que Doña Ruth no sería legítima vocera de los pueblos indígenas porque no es “orgánica”[2] dando a entender que no tenía autoridad de hablar en representación de las múltiples naciones potencialmente afectadas.  Por otro lado, Hilarión Mamani, Secretario Ejecutivo del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo) rama afín al gobierno (e irónicamente rama “no-orgánica”[3]) acusó a Doña Ruth de ser “una empresaria” …. “haciéndose pasar por indígena[4]” y que no tendría derecho para hablar a nombre de las múltiples comunidades potencialmente afectadas[5].  También se insinuó que Doña Ruth habría recibido apoyo de alguna ONG como factor inhabilitante para hablar ante la ONU.

Antes de entrar en estos conceptos en mayor detalle vale aclarar que el Ministro de Energía, Rafael Alarcón, admitió posteriormente que efectivamente no se había hecho la consulta previa para Chepete y Bala, y que ésta se haría en “el momento oportuno” [6].  Considerando que la empresa italiana Geodata estaría terminando su segundo estudio (Diseño Final) multimillonario sobre las Represas de Bala y Chepete desde el 2015,[7] hacer la consulta de manera “previa” como lo establece la CPE no parece ser oportuno para el Gobierno.  ¿Tal vez será más oportuno consultar cuando ya se haya invertido tanto dinero en estudios que insistirán que habría que “meterle no más,” para que esos recursos no se “pierdan”?

En el caso de la Represa Rositas sobre el Rio Grande, el 2016 ya se firmó un contrato de 1000 millones de dólares con un consorcio chino para la "Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha” [8], sin que haya un estudio de factibilidad en los últimos 30 años, ni un estudio a diseño final, y mucho menos una consulta previa con las comunidades originarias afectadas. Ante una “Acción Popular” (derecho enmarcado en la CPE) presentada por las comunidades potencialmente afectadas por ese proyecto de represa, en estos días el juez del caso ha determinado que no ha habido violación de los derechos de las comunidades porque, aunque el contrato se haya firmado, no se ha ejecutado aún[9].

También vale aclarar que el Foro de la ONU aceptó y dio curso a la denuncia de Doña Ruth.  Al concluir el evento en Nueva York, el Foro pidió al Comité Económico y Social que adopte medidas y tomen atención sobre estos procesos en Bolivia.[10]

En resumen, la gente que objetaba la denuncia de Doña Ruth no estaba desvirtuando lo que expuso Doña Ruth (lo confirmaron voluntariamente), sino rechazaban sus “credenciales” como vocera, y cuestionaban su identidad indígena misma. 

Doña Ruth, de acuerdo a su certificado de nacimiento (que he visto), nació en San José de Uchupiamonas en el río Tuichi.  De niña primero habló Quechua, aprendiendo español en la escuela y aún así jugaba con sus amigos en Quechua, al igual que los compañeros de su generación en San José.  Superando muchos obstáculos completó estudios universitarios y se tituló como administradora de empresas. Por circunstancias de la vida habla también bastante inglés, además de Español y Quechua.

Efectivamente, ella es una empresaria ya que ha sido gestora de emprendimientos, personales y comunitarios, alrededor del avistamiento de aves en Bolivia, donde curiosamente los guías de mayor renombre, y con mayor dominio de nombres científicos y nombres comunes en inglés, son también de San José de Uchupiamonas. Se criaron en el monte, hablan Quechua, pero tranquilamente distinguen entre un Yellow-bellied Warbler y un Golden-crowned Warbler por sus cantos. Estas son aves tan raras y desconocidas que no tienen nombres en Español ni en Quechua. 

Por manejar tres lenguas (incluyendo una lengua indígena), ¿son menos indígenas estas personas que el presidente Morales (que no maneja ninguna lengua indígena)? O dicho de otra forma ¿Hay algo más indígena que ganar la vida interpretando a la Madre Tierra como observadores de aves?

Yo me crie en un contexto donde much@s, si no una mayoría, de l@s empresari@s eran de ascendencia indígena, en muchos casos fácilmente reconocibles por la pollera.  He conocido personalmente a una mujer de pollera que ya hace 30 años era dueña de 10 camiones.  He sabido de casos de patrimonio mucho mayor que eso (camiones, hoteles, ferreterías y bienes raíces en general) en Rurrenabaque; ¿en qué momento dejan estas personas de ser indígenas?  ¿Un camión sería aceptable, pero más de 10 camiones y ya deja de ser indígena? ¿O es posible que ser dueña de camiones y ferreterías cae dentro de las actividades consideradas propias de los indígenas, pero el avistamiento de aves en su hábitat natural, no?

En el contexto del capitalismo familiar de El Alto[11] y la Calle Uyustus de La Paz, si bien puede haber muchos hombres trabajando en un negocio, frecuentemente es una mujer, con o sin pollera, quien tiene la responsabilidad final de cuidar el capital, el patrimonio: está al centro de la empresa. O sea que ser empresaria podría considerarse un rasgo cultural característico de una de las más numerosas naciones del Estado Plurinacional.  ¿Pero una mujer indígena no puede hablar frente a la ONU, porque es empresaria?

Esta discriminación es más compleja y arraigada de lo que uno pensaría.  Existe otro caso, el de Alex Villca, también de San José de Uchupiamonas.  En el 2016, cuando el tema del proyecto de represas del Bala y Chepete emergió de nuevo, tomaron protagonismo en Rurrenabaque la CODA (Coordinadora de la Defensa de la Amazonía) y la Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni (Figura 2), y surgió Don Alex como uno de los interlocutores más elocuentes y activos.  Cuestionaba las propuestas de mega-represas, sus impactos socioambientales, el desconocimiento de los derechos enmarcados en la CPE y los intereses que estarían detrás de las propuestas.  Después de un evento donde Don Alex habló, y que fue ampliamente difundido, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez (Figura 3), afirmó que Alex tenía una empresa de turismo y que, textualmente, “había hecho una maestría en una universidad en La Paz, entonces ya no es indígena.” [12] y [13]   

 
Figura 2. Vigilia y “bloqueo” del río Beni en contra de Chepete y Bala organizada por la Mancomunidad y apoyada por la CODA, Noviembre 2016. Fuente: radiozapatista.org

Figura 3. Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia.


Ha pasado casi dos años desde entonces y he esperado, en vano, que alguien del MAS y/o del Gobierno aclare la lógica de que un indígena que logra una educación formal deja de ser indígena. Hace pocos días el Ministro Sánchez reiteró su opinión que los únicos que se oponen a las represas del Bala y Chepete son “citadinos de la zona sur de La Paz”, o “… uno que tiene maestría”[14]. Los hechos que motivan este artículo más bien sugieren que esta sería una opinión dominante en el Gobierno, supuestamente indígena. ¿A eso apunta el famoso proceso de cambio?

Por otro lado, queda claro que el MAS no tiene una oposición a las empresas en general, ni a l@s empresari@s en general, ya que tiene fuertes alianzas con empresas transnacionales de petróleo, empresas chinas de construcción y en el escenario nacional destaca una alianza con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).  La CAO representa los intereses de empresas agroindustriales y de los agricultores en gran escala, y por ende al sector causante de la deforestación en mayor escala[15].  Es tan cercana esta relación que el Gobierno utilizó 5% los fondos de pensiones nacionales (a los cuales los miembros de la CAO deben aportar en mínimo porcentaje) para proveer créditos favorables para el rubro[16],[17].

¿Hay algo menos indígena que deforestar para producir cultivos transgénicos, para exportar a los EEUU o a China?

Esto sugiere que al Gobierno en realidad no le preocupa que los indígenas sean empresarios o egresados universitarios.  Esto es, siempre que estén callados y no se opongan a las propuestas del gobierno, menos aún, frente a la ONU.  O sea que el indígena aceptable (“el de verdad”) sería el que es sumiso, pobre y no expresa un criterio propio cuando esto afecte los intereses del partido en el poder.  El indígena que discrepa ya no sería indígena, perdiendo el derecho a opinar.

En otras palabras, los empresarios que viven de la extracción o destrucción de los recursos naturales son aceptables y tienen asiento en la mesa, mientras que los que defienden a la Madre Tierra deben permanecer en la cocina, preferiblemente “cama adentro”.

¿Y a qué se refería el Presidente Morales cuando criticó que Doña Ruth no era orgánica?  Este tema merece una explicación más detallada

El Gobierno y las organizaciones indígenas durante la gestión del MAS

Desde la Reforma Agraria se ha tomado como modelo de organización principal el del sindicalismo, donde las comunidades originarias se aglutinarían en una organización por etnia.  Ejemplos serían el Gran Consejo Tsimane o CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana).  Estas organizaciones de base étnica luego se agruparían en una organización departamental, por ejemplo, la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) y luego en organizaciones nacionales como CIDOB (originalmente Central Indígena del Oriente Boliviano) y CONAMAQ (Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo), que aglutina a las organizaciones territoriales originarias de tierras altas en el país.
Las organizaciones que pertenecen a este tipo de estructura se consideran “orgánicas,” lo que originalmente se entendía como legítimamente elegidas y voceras de los intereses de sus bases.  Como veremos a continuación ese concepto se ha relativizado.

La relación del Gobierno del MAS con las organizaciones originarias orgánicas es complicada y digna de varios estudios.  El MAS inició su gobierno en el 2006, cuando había organizaciones orgánicas intactas en todo el territorio nacional.  Pero, en la medida que estas no obedecieron las direcciones del Gobierno, éste ha obrado sistemáticamente (y exitosamente) para dividir las organizaciones, creado organizaciones paralelas afines y obedientes.  Esto constituye una de las prácticas más reprochables que puede tener un gobierno (peor si se considera “indígena”) en el ámbito de sindicatos y organizaciones originarias.

De esto hay muchos ejemplos, pero el más claro involucra a la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y a la CONAMAQ ambas organizaciones orgánicas intactas en el 2006, que participaron en la marcha indígena de defensa del TIPNIS que se dirigía a La Paz hasta que fue intervenida violentamente por el Gobierno en Chaparina en el 2011 (Figura 4).  La marcha era una protesta contra el proyecto de carretera que se quería construir atravesando el TIPNIS sin realizar la consulta previa, y una defensa más amplia de los derechos indígenas territoriales enmarcados en la CPE, la misma que a 2 años de estrenada el Gobierno ya violaba abiertamente.
 
Figura 4. Fotografía emblemática de la represión policial en Chaparina, Departamento del Beni, 2011. Fuente: nacla.org

En ambos casos, bajo la presión política y por medio del prebendalismo, el Gobierno logró debilitar estas estructuras orgánicas que estaban intactas al momento de la marcha, pero posteriormente se dividieron (en dos en el caso del TIPNIS, y en tres en el caso del CONAMAQ[18], donde solo una es orgánica, reconocida por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.  Las otras dos, incluyendo la rama afín al Gobierno que cuestionó a doña Ruth, no serían orgánicas).

Obviamente el Gobierno niega estas prácticas de dividir y cooptar las organizaciones indígenas, pero es de conocimiento general.  Los dirigentes orgánicos son intermediarios entre el Gobierno y su etnia. Si el dirigente critica al Gobierno arriesga los proyectos de desarrollo que corresponden a sus comunidades, o es cambiado por un dirigente que es asequible al Gobierno.  El escándalo del FONDIOC (Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino) tiene que ver, en muchos casos, con la entrega de recursos a estos dirigentes, con poca fiscalización, a cambio de apoyo político[19].  No tendría que ser así, pero así es.  Una prueba de esta actitud es que en dos ocasiones el mismo presidente Morales ha indicado públicamente que si las comunidades no aceptan el proyecto de represas de El Bala, se llevará los recursos[20] a otra parte del país.  En el 2016 dijo “si quieren, bien, si no quieren bien también, pero…[21] Y luego, después de la declaración de Doña Ruth en la ONU, nuevamente dijo que se llevarían esos recursos a otro departamento, como lo haría un niño que amenaza con llevarse la pelota si no se juega como él quiere[22].

Organizaciones alternativas de defensa de derechos

Tanto Doña Ruth como Don Alex representan a la Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni, una forma de organización que no es parte de la estructura organizativa indígena denominada “orgánica”.  La Mancomunidad se organizó en años anteriores para enfrentar otros desafíos en común, específicamente una persona y su ONG que querían apropiarse de tierras indígenas.  Como veremos a continuación, su existencia responde a un ejercicio de derechos reconocidos por la CPE. El rol de la Mancomunidad en torno a los mega-proyectos de represas emerge de la inacción o colusión de las organizaciones “orgánicas” con el Gobierno, que resulta en la violación de los derechos de las comunidades indígenas directamente afectadas. Veamos los detalles a continuación.

  1. Existen, por ahora, 17 comunidades que están sobre los ríos Quiquibey, Tuichi y Beni, aguas arriba de Rurrenabaque.  Estas comunidades cuentan con población de tres etnias, Tsimane, Mosetene y Tacana, y pertenecen a cinco diferentes municipios en dos departamentos, La Paz y Beni[23].  O sea que no hay una organización “orgánica” étnica, o municipal, o departamental, que represente efectivamente los intereses de este colectivo, que enfrenta sin embargo una amenaza común (el proyecto de mega-represas de El Bala y Chepete). 
  2. Para cada etnia mencionada, la zona sobre el río Beni representa el extremo de su territorio ancestral, lejos del núcleo político y de poder de cada etnia, a saber Horeb para los Tsimanes, Tumupasa para los Tacanas y Covendo para los Mosetenes.  Esto resulta en una menor influencia de estas comunidades en las agendas y prioridades de las organizaciones orgánicas que las representan.
  3. Adicionalmente, los representantes orgánicos de estas etnias son interlocutores del Gobierno para muchos temas y, como vimos en la sección previa, esta relación es utilizada por el Gobierno para conseguir sus objetivos.  Los líderes mejor informados son conscientes del riesgo de que sus comunidades y territorios queden bajo agua, o sean seriamente afectados por las represas.  Sin embargo, la necesidad del apoyo del Gobierno en otros temas (salud, educación, infraestructura, etc) o el interés individual de algunos líderes por mantenerse en el poder a través de alianzas políticas con el partido de Gobierno, han llevado a que las organizaciones orgánicas no reaccionen sobre el tema, o incluso firmen su aceptación a la idea de las represas sin el debido análisis, ni consulta a las comunidades locales directamente afectadas.
  4. Esta inacción o colusión de las organizaciones indígenas orgánicas con el Gobierno, hace que la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni se reactive, en un intento de enfrentar la amenaza de la propuesta de represas en Chepete y Bala, aglutinando las comunidades potencialmente afectadas por la propuesta.
  5. El derecho de estas comunidades a organizarse de esta forma y de hablar ante cualquier foro nacional e internacional no podría estar más claro en la CPE.

a.       Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.
b.       Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
c.       Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. 

¿Puede estar más claro?  Al hablar en representación de la Mancomunidad, Doña Ruth y Don Alex ejercen un derecho establecido en la CPE. 

Sin embargo, al aceptar el deber de proteger y defender el medio ambiente y los principios de consulta libre previa e informada de la CPE, ambos se han expuesto al ataque personal y a presiones[24] del Gobierno y sus voceros.  A pocas semanas de la intervención en la ONU, Doña Ruth ha recibido múltiples notificaciones de impuestos internos sobre supuestas deudas con origen sin especificar.

La Consulta Previa en debate

Un tema central en esta problemática tiene que ver con el proceso de consulta libre, previa e informada (CLPI) enmarcada en la CPE.  Muchos creen que antes de que un proyecto se estudie debería haber una consulta con las comunidades potencialmente afectadas.  En mi opinión personal, considero que esto sería peligroso si se lleva a cabo de la manera en la cual el Gobierno interpreta el concepto de consulta previa. Hace unos días el Ministro de Hidrocarburos y Energía prometió que estaba de ida personalmente a las comunidades para “explicar los alcances del proyecto[25]”.  Esto va en contra de todos los principios de la CPLI: no es previa, ni es “informada”, es decir, basada en compartir con las partes afectadas toda la información técnica existente, independiente y relevante al caso.  Si el Ministro va a Mayaya, por ejemplo que es una población de aproximadamente 1000 personas, no va a decir que la población se inundará con 52 m de agua y que todos tendrán que relocalizarse a otro lugar, sin saber dónde.

En el caso de las represas Bala y Chepete, en lo poco que ha habido comunicación entre el Gobierno y las comunidades, representantes de ENDE han visitado a algunas comunidades, describiendo muchos supuestos beneficios y sin enfatizar los efectos negativos.  Por ejemplo, con comunidades de Mosetenes en Alto Beni representantes de ENDE han dicho que no se sabe qué comunidades se afectarían.  En realidad, esta información existe porque de acuerdo a la ficha ambiental se piensa hacer el embalse del Chepete hasta los 400 msnm, y es fácil mapear las comunidades afectadas.  Por ejemplo, la elevación de la mencionada Mayaya es de 348 msnm entonces quedaría 52 m bajo agua. De hecho, la ficha ambiental para el embalse del Chepete, entregada y aprobada en el 2016, a la cual se ha accedido por contrabando, tiene un cuadro indicando 23 comunidades que se inundarían, su población, su etnia, y su tipología.  El nombre de la comunidad no aparece en ninguna parte, aunque se tienen que saber el nombre para determinar qué población tiene, de qué etnia sería y a qué sección municipal pertenecería (cuadro 1).
 
Cuadro 1. Lista de comunidades que serían inundadas por el embalse del Chepete de acuerdo a la ficha ambiental elaborada por GEODATA.

Entonces, desde el 2015 (fecha del cuadro) se sabría cuales comunidades quedarían bajo agua, pero lejos de compartir la información han retirado el nombre de la comunidad del cuadro, escondiendo esa información.  Esto constituye mala fe, el opuesto exacto de una consulta informada.  Es más, cuando yo hago el mismo esfuerzo de mapear las comunidades afectadas por una inundación hasta los 400 msnm me arroja el resultado de 48 comunidades (figura 5).
Figura 5.  Comunidades y TCOs que se inundarían por el embalse del Chepete.  Elaboración propia.



En el caso de las mega-represas del Chepete y Bala ese estudio de factibilidad ya existe desde mediados del 2016 y en vez de usar ese estudio como base para información y debate se ha manejado como secreto de estado.  La Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni hizo un ampliado (reunión de comunidades) en el estrecho del Bala el 17 de octubre del 2016 (figura 6) donde entre sus determinaciones le dio un plazo al Gobierno para entregar los resultados del estudio de factibilidad.  No se entregó ninguna información.  Hace unas semanas la Mancomunidad firmó un convenio con la UMSA para que analicen la información técnica en forma conjunta.  En base a ese convenio se solicitó nuevamente información al Gobierno y no ha habido respuesta.  Toda la información que se analizado aquí ha salido de versiones obtenidas de contrabando. 

Figura 6.  Reunión ampliado de las comunidades de la Mancomunidad del Rio Beni, en el estrecho del Bala, 17 octubre, 2016.  Foto. Daniel Robison

Vale destacar que el estudio de factibilidad habría clasificado a la represa en el Bala como no factible en las condiciones de mercado energético actual y al Chepete como una inversión con ganancias apenas marginales[26], siempre y cuando no ocurran sobrecostos y ni postergaciones en la construcción (lo cual, como sabemos, ocurre siempre).  Más bien, hace pocos días el Ministro de Energía anunció que el actual estudio a diseño final sería “muy diferente” al estudio de factibilidad[27].  Se supone que arrojaría resultados factibles.  Y si no, como ya se ha invertido mucho dinero, seguro que se propondrá “meterle no más.”

En mi opinión, esta manipulación de la información y falta de transparencia muestra la necesidad de hacer un estudio serio de factibilidad, de impacto social y ambiental y que muestre además alternativas. En este escenario los representantes de las comunidades afectadas participarían desde un inicio, acompañados de sus propios asesores técnicos.  Luego, con ese estudio de factibilidad desarrollado de manera transparente y a la vista de todos los afectados, se haría un proceso que sería efectivamente libre e informado en las comunidades, previo a cualquier inversión adicional.  En ese debate deberían participar también universidades y otros actores, porque si bien se trataría del territorio de comunidades indígenas, afecta además el Parque Nacional con mayor biodiversidad del mundo[28], perteneciente a todos los bolivianos, y la cuenta financiera de la mega-inversión la pagaríamos todos.  Así se evitaría el argumento de que se ha invertido mucho en estudios y entonces hay que “meterle no más.”  

El presidente Morales ya hizo conocer que, en su opinión, las consultas previas son pérdidas de tiempo [29] .  Queda claro que para él, si el Gobierno ha tomado una decisión, las comunidades originarias no tendrían derecho a rechazar una obra y por ende la consulta previa es un simple trámite.  Aquí creo importante hacer una distinción.  El presidente hizo este comentario en relación a la exploración petrolera, y este tema tiene un importante contraste con el tema de generación de energía eléctrica.  

Los recursos petroleros ocurren en lugares específicos, en condiciones muy particulares donde los procesos geológicos se han dado para dejar depósitos sellados con gas o petróleo, lo cual ocurre en una fracción mínima del territorio nacional, menos del 1%.   Cuando estos depósitos coinciden con territorios indígenas o áreas de enorme importancia por su biodiversidad, como ya ha ocurrido, los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas entran en serio conflicto, pues pronto o tarde el Gobierno y la sociedad insistirán en acceder a esos yacimientos petrolíferos. El acceso a estos recursos del subsuelo es considerado por muchos como una necesidad para el desarrollo nacional y no hay otra forma de obtenerlos, que extraerlos del lugar donde se encuentran.

En contraste, la electricidad se puede generar en cualquier lugar del país.  En los últimos meses ENDE ha inaugurado una planta solar en la parte alta del departamento de Tarija[30] y una planta eólica en la Chiquitanía[31].  Ambas tienen costos de producción de energía favorables comparados con lo que Geodata ha estimado para la represa de Chepete y mucho mejores que las estimaciones para la represa del Bala.  Estas vías de generación no requieren inundar ningún parque nacional, ninguna zona productora de fruta y cacao, no cortan ninguna arteria entre los Andes y la Amazonia y no desplazan a ninguna comunidad indígena de sus tierras ancestrales. ¿Cómo es posible que estas formas de generación de energía con menores impactos y mayor rentabilidad no sean al menos consideradas y analizadas como alternativas a las mega represas para un Gobierno supuestamente defensor de la Madre Tierra y de los indígenas?  ¿Cuán indígena se puede considerar el Gobierno si la desaparición de comunidades y territorios indígenas no es factor de peso? (Figura 5, 6 y 7).

Figura 5. ¿Gobierno indígena? El presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, y el vicepresidente que es, por CPE, el presidente de la Asamblea Plurinacional.


 
Figura 6. Vicepresidente Nacional y a la vez Presidente de la Asamblea Plurinacional

Figura 7.  El presidente del Senado “Gringo” Gonzales, mostrando solidaridad.



Finalmente, sobre la objeción oficial a la legitimidad de Doña Ruth porque habría tenido apoyo de alguna ONG para llegar a Nueva York y hacer su denuncia, los voceros del Gobierno se olvidan que en su momento Evo Morales también recibió ayuda de las ONGs, incluyendo específicamente a IBIS Dinamarca, para que viaje a Europa cuando era candidato presidencial.  ¿Acaso no estaría en todo su derecho de aceptar cualquier ayuda que necesite con el motivo de hacer las denuncias de violación sistemática de derechos de pueblos indígenas?  

Más bien, a mí me ofende profundamente saber que el presidente Morales ha viajado nuevamente en el avión presidencial, con dinero de nuestros impuestos, hasta Nueva York y que el motivo de su viaje era hablar, nuevamente, de los derechos de indígenas y derechos de la Madre Tierra, cuando aquí vemos a diario la violación de esos derechos en las acciones del Gobierno en su propio territorio.


[20] Lo más preocupante es que no existen los recursos económicos que amenaza llevarse el presidente.  Las mega-represas se construirían con préstamos, probablemente de la China, y serían construidas por empresas chinas.  La zona quedaría con los daños socioeconómicos, y el país con la deuda.
[23] Esto no incluye las 44 comunidades que se inundarían con el embalse del Chepete, y que principalmente son de la TCO Mosetenes.
[29] http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/12072015/evo_dice_en_consulta_previa_se_pierde_mucho_tiempo

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